“Las actividades de Gestoras son totalmente lícitas” dicen sus abogados que recuerdan que un juez instructor NO ES COMPETENTE para ilegalizar a una asociación.
Información publicada en GARA el 23 de diciembre de 2001.

«Las actividades de Gestoras son totalmente lícitas»

El auto de procesamiento es «literatura político-policial», aseguran los abogados

Los abogados encargados del sumario 33/01 aseguraron ayer que el auto dictado por el juez Baltasar Garzón para ilegalizar las actividades de Gestoras pro-Amnistía «carece de fundamentos jurídicos y vulnera derechos y libertades fundamentales». Añadieron que las actividades de este organismo «son totalmente lícitas».

Marta MORALES | BILBO

Los abogados Arantza Zulueta e Iñaki Goioaga, encargados del sumario 33/01, calificaron ayer de «literatura político-policial» el auto dictado por el juez Baltasar Garzón, por el que se ilegalizan las actividades de Gestoras pro-Amnistía y afirmaron que supone «una quiebra del Estado de derecho y la vulneración del sistema de garantías».

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo para valorar el procedimiento judicial contra el organismo antirrepresivo, Goioaga señaló que el auto «carece de fundamentos jurídicos» y subrayó que, a tenor de lo que establece éste, las actividades de Gestoras «son, han sido y serán totalmente lícitas» ya que, explicó, el auto «no recoge» ninguna de las labores permanentes que realizaba este organismo y sí, en cambio, otras «que no son, en ningún caso, las que ha desarrollado».

Asimismo, denunció que el auto «pretende generar marcos de impunidad en la vulneración de derechos fundamentales» al calificar de «señalamiento» determinadas dinámicas de denuncia o apoyo a los represaliados, y advirtió que el juez comete un «error de bulto» al no reparar en que «más allá de la licitud y la ilicitud de determinadas dinámicas, está la legitimidad que otorga ser una asunción social mayoritariamente aceptada en el marco de Euskal Herria».

En la misma línea, consideró «perverso» que el auto aporte «elementos delictivos como elementos de imputación de realidades inexistentes», al utilizar declaraciones policiales como base jurídica.

En su opinión, la ausencia de pruebas queda patente con la puesta en libertad de los miembros de Ekin. «La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional establece que no hay pruebas que relacionen a Ekin con ETA y, a pesar de ello, Garzón sigue utilizando el binomio ETA-Kas-Ekin como una realidad virtual», denunció.

Por ello, Goioaga relacionó el auto con una necesidad de Garzón de «vestir las irregularidades llevadas a cabo en el marco de la operación contra Gestoras» y lo consideró «obligado» desde instancias políticas del Estado español ante el fracaso de la inclusión de organizaciones vascas en las listas europeas.

Aseguró, además, que el auto deja en evidencia «una quiebra del Estado de derecho y del sistema de garantías en cuanto a la instauración de un sistema policial. Los diferentes cuerpos de seguridad son quienes mandan en la Audiencia Nacional, y no los jueces. Por eso, Garzón se limita a dar forma a la información que le llevan», denunció.

Por su parte, Zulueta incidió en las numerosas contradiciones presentes en el auto. El objetivo de éste y del resto de procedimientos abiertos contra la izquierda abertzale sería, según explicó, «desestabilizar esos organismos». No obstante, recordó que un juez instructor «no es competente para ilegalizar una organización» y acusó a Garzón de «invertir» el proceso penal «al marcar los objetivos y, después, rellenar el auto».